La jueza Valeria Pérez Casado decretó esta tarde la quiebra de la compañía avícola Cresta Roja, del grupo Rasic, en medio de las negociaciones entre el Gobierno y los trabajadores por los salarios adeudados.
Según trascendió, luego de un largo proceso judicial, la magistrada resolvió la quiebra de la firma y ahora se iniciará un proceso de liquidación de activos.
El objetivo es mantener la actividad de la compañía y los puestos de trabajo, a partir de la venta de la firma.
Los delegados de los trabajadores de Cresta Roja ingresaron en estos momentos al Ministerio de Trabajo para mantener una reunión con el Gobierno en un intento por superar la crisis que atraviesa la compañía.
Los delegados serán recibidos por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca y se especula con la posibilidad de que participen los dueños de la compañía.
"Esperamos una solución a la deuda. Nos adeudan la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre, el aguinaldo y vacaciones de otros años", indicó Christian Villalba, delegado de la comisión interna.
Ante los periodistas que aguardan afuera del edificio, Villalba se quejó porque "no había ninguna orden de desalojo y sin embargo la Gendarmería reprimió".
Nuevos incidentes se produjeron este mediodía a metros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los operarios de la avícola y la Gendarmería.
Los trabajadores intentaban resistir al desalojo de la zona en la que se manifestaron durante los últimos cinco días, para encontrar respuestas de la compañía y del Gobierno a la crisis laboral de la avícola.
Un fuerte despliegue de efectivos de la Gendarmería se apostó desde las primeras horas de la mañana en el lugar y a las 9.15 iniciaron la represión para sacar de la cinta asfáltica a los manifestantes.
Los operarios de la avícola protestaban desde hace seis días en el lugar, a la espera que la empresa pague los salarios adeudados y reactive la producción para evitar la perdida de una 3.000 fuentes de empleo directas y otras 2.500 indirectas.
Con carros hidrantes y armas de balas de goma, los gendarmes armaron tres frentes de desalojo, por lo que rodearon a los trabajadores que se manifestaban con un corte parcial de tránsito sobre la arteria que conecta al suroeste del Gran Buenos Aires con la Capital Federal.
Los incidentes se registraron a 50 metros del acceso vehicular del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero por el desplazamiento de los manifestantes ante la represión, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dieron apoyo a los gendarmes.
El objetivo central del desalojo era que los manifestantes abandonaran la Autopista debido al caos vehicular que generaba el corte parcial que efectuaban desde hace casi una semana, en medio de la desesperación por sus fuentes de empleo.
Los manifestantes habían cortado totalmente la autopista el lunes e impidieron el ingreso y la salida del aeropuerto de Ezeiza durante la tarde para quejarse por el proceder del Gobierno, hecho que provocó enojos y roces con los pasajeros que intentaban llegar a la terminal.
Al mediodía de lunes se habían manifestado en Plaza de Mayo para entregar un petitorio junto con organizaciones sociales que decidieron acompañar el reclamo, que implica la posibilidad de que se pierdan 5.500 puestos de trabajo.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Carne, Silvio Etchehun, dijo a Cadena 3: “Para que se levanten los cortes y la empresa se ponga en marcha hoy, se necesita 300 millones de pesos para salarios caídos, aguinaldos y el pago de algunos proveedores”.
Origen del conflicto
Etchehun contó a Cadena 3 que la empresa “fue la principal aliada del Gobierno de Cristina Kirchner, en la exportación de pollos a Venezuela”. Y explicó que “por acuerdos bilaterales, Argentina exportaba pollo a cambio de petróleo”.
Y culpó a las políticas del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por exigir un aumento en la producción para poner al pollo en el consumo interno a un precio de referencia.
“Como consecuencia, la empresa tuvo que producir 450 mil pollos por día en vez de 300 mil, e incrementar su población y dotación en un 30%. A cambio de este favor, el Gobierno le daba compensaciones: dinero de la exportación -que en ese momento se exportaba a 450 dólares la tonelada- y 600 dólares más, por tonelada”, contó.
Además, dijo que el Gobierno subsidió alimentos y salarios de los trabajadores, para autoabastecer al mercado interno a un precio que no existía.
“En los últimos ocho meses, el Estado transfería 35 millones de pesos por semana”, remarcó.
El problema actual es que con la derrota del gobierno kirchnenista “la empresa se encuentra con que el Estado le debe mas de 250 millones de dólares en compensaciones”.
“Además, tiene sueldos subensionados a 30% y su producción volvió a bajar a niveles normales de 300 mil pollos, pero ahora sobran 30% trabajadores”, señaló.
El gremialista indicó que el conflicto comenzó en junio cuando el gobierno de Cristina sólo le pagó el 50 % con un bono a cuatro años, y el resto se perdió.
En este sentido, Etchehun aclaró que se debe reducir el personal de la empresa, y volver a bajar los salarios que están sobredimensionados en un 30%.
Y para llegar a una solución propuso: “Una sociedad participada y un crédito blando para absorber una reestructuración de la empresa, que va a traer despidos. Y además, que el nuevo gobierno acompañe 30 días para que los trabajadores puedan celebrar las fiestas”.
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